El problema de la calidad de la educación en Chile: No estamos muy de acuerdo
Chile se ubica primero en América Latina en el ranking de competitividad mundial que da a conocer todos los años el World Economics Forum. A pesar de que ha descendido 4 puestos en 2 años el país ocupa un lugar privilegiado en el orbe, dado el tamaño de la economía y el PIB per cápita. Para algunos el éxito (relativo) de Chile en el plano económico internacional es la calidad de sus instituciones. De hecho, la teoría (neo) institucionalista lo que plantea es una correlación positiva importante entre fortaleza institucional y el desarrollo económico. En mi opinión, la respuesta pudiese ser más simple: estamos muy de acuerdo respecto que sistema y políticas económicas seguir. ¿Qué nos falta para llegar a ser un país desarrollado? pareciera ser la pregunta. El mismo ranking establece la respuesta: la educación.
Chile no se encuentra en los puestos de avanzada en educación. Nuestros resultados no son competitivos. La TIMSS y la PISA indican que nuestros mejores alumnos se encuentran aún por debajo de lo esperado: Más de la mitad de nuestros estudiantes clasifican en los niveles más bajos en estas pruebas. A esto se agrega, la dispersión excesiva de los resultados que sólo viene a reflejar los inequitativo de nuestra sociedad.
Aquí ya una evidencia que no estamos tan de acuerdo. En general, se ha tendido a ejemplificar el problema en la educación municipal no reconociendo el carácter transversal del problema. ¿La educación pública es la educación municipal? Aquí un problema conceptual y de consenso. En mi opinión, estamos hablando de un problema del sistema educacional en su totalidad, por lo que el carácter público de la educación debería estar vinculado a lo menos a la entrega de recursos por parte del Estado.
Hoy en día, la discusión pública tiene mucho de mitos. Si hoy no estamos de acuerdo en lo sustancial, es porque aún los “expertos” no lo están. Sólo basta con recordar la influencia (ideológica) de última hora que ejercieron las posiciones de Carlos Peña, actual rector de la UDP, y José Joaquín Brunner, ex ministro de educación, en los acuerdos adoptados en el Consejo Asesor Presidencial de educación. Si no basta con esto, no han existido debates más candentes en educación como los relativos a sistemas de vouchers entre Carnoy y West en el The World Bank Research Observer.
Lo más importante, es que más allá de la ideología también una diferencia de método. Así, respecto a los vouchers no tenemos evidencia consensuada del impacto en Chile, ni tampoco en el mundo. En Chile se explica que el aumento del gasto en educación no ha generado mejoras sustantivas, así como tampoco el modelo ha generado mejores resultados, excepto en cobertura. Por otro lado, la evidencia internacional nos indica que los sistemas exitosos no tienen en su mayoría un modelo como el chileno, aunque si se observa una tendencia del fenómeno de la competencia, la que a su vez estaría asociada a un aumento de segregación social. De hecho, el debate respecto a lo ambiguo de los resultados del modelo en Nueva Zelanda (modelo similar al chileno) nos hace sólo reafirmar que la discusión al parecer es de evidencias y principios: libertad de enseñanza, selección, discriminación positiva.
Un tercer punto de divergencia se inserta dentro del concepto “función de producción educacional” y el impacto de la función docente. Muchos estudios indican que la evidencia no hace más que sostener que los resultados de los alumnos se explican fuertemente por factores socioeconómicos vinculados a las familias, y en segundo lugar por elementos asociados al aula. Por esta razón, considero que la opinión pública en Chile tiende a responsabilizar excesivamente a los profesores. De hecho, tiendo a pensar que el desdeño a la función docente sólo viene a profundizar el problema. La función docente es la única capaz de resolver las desigualdades de origen, y se deberían aplicar políticas orientadas a eso, que van desde revaloración social hasta una reingeniería institucional de las escuelas de educación en las Universidades, aunque signifique mayor fiscalización y regulación.
Por tanto, ¿cuáles deberían ser las consideraciones y desafíos que corresponde afrontar la política pública educativa, teniendo como referencia las disyuntivas anteriores?
Primero, se debe considerar que los países equitativos obtienen mejores resultados en educación, por lo que la trayectoria de Chile será más compleja, exigiéndose una complementariedad de las diversas políticas sectoriales para reducir la brecha social. A esto se agrega, que el gasto en educación aún es insuficiente.
En segundo lugar, los desafíos imperiosos son atraer a los mejores a la función docente mediante incentivos salariales y de desarrollo profesional, una formación rigurosa y generar mecanismos institucionales de aseguramiento de la calidad.
Bajo mi perspectiva, si al menos no nos ponemos de acuerdo en estos puntos, no se avanzará mucho. Un par de años atrás un experto señaló en relación a los resultados del SIMCE: “Los Machuca son el test”. Integración y valor agregado de las escuelas pareciera ser la respuesta.
Pablo Araya Cortés
Socio Fundador de www.paisproactivo.cl
El autor de esta columna de opinión es Administrador Público y Licenciado en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente cursa el Programa de Diploma en Políticas Públicas de esta casa de estudios superiores. En el ámbito profesional realiza labores de asesor en el Ministerio de Educación y actividades docentes en la Universidad de Santiago de Chile.
Nota: Las opiniones vertidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quién las emite y no representan necesariamente el pensamiento de www.paisproactivo.cl
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