COLUMNAS DE OPINIÓN

Ministerio de Cultura y Patrimonio. El debate necesario.

Dentro de los anuncios presentados al país el pasado 21 mayo se incluía el proyecto de creación de un Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, idea que ya viniera manifestando hace algún tiempo el actual presidente del Consejo de la Cultura y las Artes (CNCA), Luciano Cruz- Coke. Las principales razones esbozadas serían la dispersión de recursos, la duplicidad de responsabilidades y la falta de coordinación existente entre las distintas reparticiones públicas con competencias en cultura y patrimonio.

La iniciativa parece contar con un amplio respaldo y ha sido evaluada positivamente, a través de la prensa, por muchos de los actores más relevantes del sector artístico y cultural del país. Quizás la única excepción ha sido la opinión de Agustín Squella, asesor del gobierno de Ricardo Lagos en materia cultural,  quien la ha calificado como una medida populista y que significaría más un retroceso que un avance. El punto que ha intentado, sin mucho eco, poner sobre la mesa Squella es de especial relevancia y no puede estar ausente del debate que debiera suscitar una iniciativa como esta.

Más allá de los evidentes problemas de la institucionalidad a cargo del patrimonio y los problemas administrativos varios que adolecen las distintas instituciones públicas dedicadas al arte y la cultura es necesario poner en el centro de este debate el hecho de que este cambio institucional es algo más que un asunto de eficiencia y coordinación, sino un asunto que afecta el corazón mismo de la siempre compleja relación existente entre Estado y Cultura.  Este análisis estuvo presente en la discusión que dio lugar a la actual institucionalidad cultural del país, es la principal razón esgrimida para no crear un ministerio en ese momento y ha sido la principal preocupación que ha rodeado la intervención estatal en cultura desde que ésta se comenzara a institucionalizar con la creación del Art Council británico en 1946 y el Ministerio de Cultura francés en 1959.

La intervención del estado en el ámbito de las artes y el patrimonio es de larga data y alcanza un importante auge ya en la segunda mitad del siglo XVII, pero no es sino hasta después de la segunda guerra mundial que dicha intervención se institucionaliza y adopta la denominación propia de política cultural. Es en ese momento y, buscando hacer frente a la  experiencia negativa  de la acción cultural de los estados autoritarios, que surgen diversas formas de organizar la acción estatal en el campo cultural. Precisamente, lo que podríamos identificar como el modelo chileno de desarrollo cultural, intenta responder más bien al tipo ideal británico, caracterizado por una extremada dispersión de las competencias culturales y en donde es un organismo tipo quango y no un ministerio quien canaliza los fondos del Estado hacia las actividades artísticas. Este ideal que responde al principio conocido como  arm’s length, asociado principalmente con los planteamientos que hiciera John Maynard Keynes desde el seno del Bloomsbury Group,  busca mantener la política de fomento y expansión de la cultura al margen de las coyunturas políticas concretas y accidentales, asegurando la participación de la sociedad en las decisiones que inciden en ella. Esto, en contraposición con un ministerio, típico del modelo francés, en donde existe un cuerpo de burócratas a cargo de la toma de decisiones que dependen de su estructura funcional y en último término política,  modelo al que se le suelen asociar debilidades como su carácter clientelar, mirada de corto plazo y excesiva sujeción a los calendarios electorales.

Por supuesto, ni un modelo del tipo británico está libre de estas debilidades ni hay nada necesariamente malo en que en una sociedad los representantes democráticamente elegidos tomen decisiones respecto del campo cultural. El punto relevante es que analizar esta relación entre el Estado y la cultura no puede quedar fuera del debate que dé origen a un cambio en la institucionalidad cultural ni puede este cambio formularse sin una amplia participación de la sociedad civil. La dispersión que se busca solucionar con la creación de un ministerio puede ser una característica deseable de nuestro modelo de desarrollo cultural y  por tanto solucionar el problema que aqueja a nuestra institucionalidad patrimonial no necesariamente pasa por crear un ministerio que reúna en una sola autoridad todas las decisiones de política cultural. En muchos países se ha tendido a una convergencia entre los distintos modelos, funcionando la institucionalidad dedicada a patrimonio bibliotecas, archivos y museos por acción estatal directa, mientras que la promoción y creación artística queda en manos de organismos autónomos semi públicos.

Me sumo al llamado que han hecho personalidades como José de Nordenflycht, presidente de ICOMOS chile (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), quien ha señalado la importancia de que las universidades, asociaciones  profesionales y los distintos actores que se han dedicado a esto durante décadas estén atentos y colaboren en el desarrollo de una iniciativa como esta, lo cual requiere de la consolidación de una verdadera comunidad de política para el sector artístico y cultural.

En estos dos años de gobierno y especialmente en el último tiempo los asuntos que rodean la intervención estatal en cultura y al propio CNCA han suscitado un amplio e inusual  interés en la prensa. Esto principalmente debido a la alta figuración mediática de Luciano Cruz Coke, quien viene del mundo de la televisión, cuenta con una de las mejores aprobaciones ciudadanas en las encuestas de opinión y ha sido reconocido por la Cámara de Comercio e Industrias Latinas como la personalidad pública más destacada de 2010. A esto se ha sumado el conflicto constante que Cruz Coke ha tenido con la Asociación de Funcionarios de la Cultura  (Anfucultura) debido a una ola de desvinculaciones polémicas, que incluso terminó en los últimos días con la toma de su oficina en las dependencias del CNCA en Valparaíso. Sin embargo, esta relevancia mediática, centrada casi exclusivamente en la figura del actual presidente del CNCA, poco influye en la superación de las deficiencias estructurales que suelen tener los sectores de arte y  cultura para constituirse en una verdadera comunidad de política y en lo cual el caso chileno no es una excepción.

La literatura dedicada a estudiar las características propias de la formulación de políticas públicas en el sector cultural en los distintos países, da cuenta de ciertas deficiencias estructurales o endógenas que, en general, dificultan la constitución de una comunidad de políticas en este sector. Dichas deficiencias se asocian principalmente a su condición de arena de poder secundaria (falta de visibilidad y relevancia pública y ausencia de grandes crisis o eventos sobresalientes), y a la existencia de una comunidad de política altamente fragmentada, incompleta y descoordinada. Superar estas deficiencias y organizarse en torno a una reflexión profunda e informada será un elemento central de cara al proyecto de cambio institucional planteado por el gobierno, el cual no debiera darse sino después de un amplio debate que dé cuenta de distintas alternativas de solución ante los problemas que aquejan a la  institucionalidad cultural chilena, especialmente la dedicada al patrimonio. En este debate se debe reconocer que la dispersión del poder en materia cultural puede también ser vista como un valor y la excesiva centralización de éste como un peligro, en un análisis que no tenga como única dimensión el alcance de una mayor eficiencia en el gasto público y en donde se pueda plantear incluso la profundización de la autonomía con que funciona el actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Karina Retamal

Socia Fundadora www.paisproactivo.cl