¿Y quién los vigila?
Cada cierto tiempo podemos leer en la prensa que altos funcionarios del Estado y/o Gobierno transitan desde el sector público hacía el privado, sin que nadie los fiscalice, podemos citar innumerables ejemplos al respecto, como Ex superintendentes de bancos que hoy forman parte de directorios de bancos. En oportunidades ni siquiera nos asombramos al respecto. Pero, por cada caso que se conoce públicamente, de altos funcionarios que migran desde el sector público al privado, llevándose consigo información privilegiada, ¿cuantos otros existen?, ¿Quién los vigila?, ¿Existe un órgano ex ante al cual los funcionarios públicos deban recurrir, para que resuelva posibles conflictos de interés?, la respuesta por el momento, es NO.
En la encuesta de opinión pública desarrollada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en los años 2002 y 2006, en donde se les preguntó a los encuestados: que tan extendida están en chile las coimas y la corrupción. Un 57 y 55% de éstos respectivamente respondió que creía que muchos funcionarios públicos estaban involucrados en coimas y corrupción; por otra parte siguiendo la misma línea, la encuesta latinoamericana “barómetro 2008” señaló que la ciudadanía, considera que de 100 agentes públicos 48 son corruptos. Estos datos nos demuestran que dentro de la sociedad civil existe la percepción, de que la mayoría de los funcionarios públicos son, corruptos, hecho que se agrava producto de los medios de comunicación.
Al parecer la autorregulación no es suficiente, y por tanto, no podemos solamente confiar en la ética personal, se deben crear los mecanismos institucionales respectivos que se encarguen de vigilar y sancionar al respecto, es decir, se debe crear un órgano consultivo (con las consiguientes atribuciones al respecto) que recaiga dentro del Servicio Civil, al cual los altos Funcionarios o Ex funcionarios (ministros, superintendentes, directores de servicios, entre otros), durante un plazo (que puede ser de dos años) recurran de manera ExAnte, para conocer si pueden ocupar un cargo en el sector privado que tenga relación con el sector productivo en el cual se desempeñó, como funcionario público, dado que poseen información privilegiada y confidencial que puede ser utilizada de manera poco proba por estos, dada su situación.
¿Pero cuáles son las principales razones para crear dicha institución? Al seguir actuando y transitando desde el sector público al privado como quien cruza la calle, se atenta contra el buen Gobierno y la ética pública y privada; se observan niveles de percepción por parte de la ciudadanía de corrupción en el sector público, como los detallados en el párrafo anterior; resulta imprescindible mantener la confianza en los servicios públicos y en las personas que trabajan en ellos; al crear esta institución complementada con normas, las cuales deben restringir este libre tránsito se evitaría cualquier sospecha de que un empleo puede ser ofrecido y aceptado producto de favores pasados. En esta misma línea, siempre se debe evitar el riesgo de que una empresa o conglomerado, pueda obtener una ventaja indebida, mediante el nombramiento de un ex funcionario, que cuenta con información privilegiada, del mercado, sus competidores y/o la política del gobierno producto que puede llegar a tener nefastas consecuencias como generar una distorsión en el comercio y en los recursos públicos; por lo demás hechos como ellos socaban la democracia y la legitimidad del sistema político y de la maquinaría Estatal.
Pero, si bien es cierto crear dicha institución a la luz de los argumentos señalados pueda parecer una necesidad. Lo cierto es que en el corto y mediano plazo, no se logra visualizar, las razones son múltiples, pero sólo me concentrare en un par que considero principales. Uno: no representa un interés al respecto para la mayoría de los congresistas y la clase política en general, dado que la creación de esta institución consultiva no representa un tema de gran interés dentro de la ciudadanía como los emblemáticos salud y educación, los cuales si atraen votos y por consiguiente un rédito manifestado en las urnas; Dos por otra parte la clase política y los altos funcionarios (ministros, superintendentes, jefes de servicios) en la mayor parte de las ocasiones están directa o indirectamente vinculada con las grandes conglomerados y empresas del sector privado, en donde pretenden arremeter una vez que dejan el sector público, entendiendo que los gobiernos son de 4 años.
Para que la creación de dicha institución se logre materializar me atrevo a predecir que se necesita de una mezcla de factores que permitan abrir la ventana de oportunidades, La ecuación es la siguiente: un escándalo de proporciones + los benditos medios de comunicación que sensibilicen a la ciudadanía + centros de pensamiento que instalen esta problemática a nivel académico = interés por parte de la clase política de legislar.
Para quienes consideran que crear este organismo, implica sólo aumenta la burocracia, se les puedo decir que el problema no es el número de funcionarios, sino la calidad de estos, Y el resguardo de los recursos e interés nacionales.
Eduardo Arredondo Rojas
Socio Fundador de www.paisproactivo.cl
El autor de esta columna de opinión es estudiante de quinto año de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile.
Nota: Las opiniones vertidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quién las emite y no representan necesariamente el pensamiento de www.paisproactivo.cl
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