Cárceles en Chile: La cruda realidad colapsada.
Las cárceles como recintos de privación de libertad están diseñadas para albergar a individuos considerados criminales, para que cumplan dentro de este establecimiento su pena o castigo. Estos centros de reclusión han ido variando en cuanto a configuración durante los últimos siglos. Hoy podemos apreciar grandes edificios con distintos bloques cumpliendo dicha función.
En Chile las cárceles son administradas por Gendarmería de Chile institución que forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gendarmería ha establecido los siguientes objetivos institucionales:
- Garantizar el cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las condenas que los Tribunales determinen, previniendo conductas y situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de este objetivo.
- Proporcionar una atención y un trato digno a la población puesta bajo la custodia del Servicio, reconociendo y respetando los derechos inalienables de las personas, entregando un conjunto de condiciones básicas de vida que faciliten el ejercicio de los derechos no restringidos por la reclusión.
- Fomentar conductas, habilidades, destrezas y capacidades que incrementen las probabilidades de reinserción social de la población penal, involucrando en este proceso a sus familias, instituciones, empresas y comunidad en general.
De acuerdo a estos propósitos declarados, se hace necesario y pertinente, realizar una mirada a dicha institución, pues desde la direccionalidad que esta le da a su labor, es que se puede realizar una visión más amplia de la actual situación penitenciaria. De acuerdo a los datos proporcionados por la “Encuesta nacional de percepción de vida penitenciaria”, realizada por la misma institución a personas privadas de libertad, de 75 unidades penitenciarias del país durante el año 2013 “el trato hacia los internos” aparece como un aspecto que debe ser modificado con gran urgencia (en términos porcentuales aparece con un 42.4% de relevancia en los problemas prioritarios). Así también el maltrato psicológico y físico hacia los detenidos son otros hechos que necesitas una intervención directa (aparecen consignados en la medición mencionada con un 43% y 35% respectivamente).
El Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, en el año 2014 denunció a la institución penitenciaria nacional, de usar la violencia como una práctica arraigada a la cultura institucional. El Estado no ha tomado medidas relevantes para asegurar las condiciones de vida de los internos dentro de las cárceles concesionadas, otro aspecto que necesita una revisión y análisis exhaustivo.
En Chile el sistema penitenciario se encuentra bajo un modelo mixto de provisión de servicios, existiendo las que se encuentran las cárceles estatales y otras que adquieren la categoría de concesionadas. Este modelo concesionado fue adoptado en virtud de las disposiciones establecidas en el marco normativo de la Ley de Concesiones (Ley 20.410 del año 2006), bajo el modelo de “Diseñar, construir, operar, transferir” (DBOT por su sigla en inglés) que incluye el diseño, la construcción, el equipamiento, y la operación, la prestación de los servicios definidos en las bases de licitación y la transferencia al estado de las obras después del término del periodo de concesión. En virtud de los preceptos del marco normativo mencionado, al concesionario en el ámbito carcelario le corresponden las siguientes labores: diseño, construcción, financiamiento de la infraestructura, su mantenimiento, equipamiento estándar y de seguridad, además de prestaciones de servicios penitenciarios tales como reinserción social, salud y medio ambiente, alimentación, lavandería, aseo y control de plagas.
Esta participación de privados se enmarca dentro de una asociación pública- privada lo que supone un acuerdo a largo plazo entre la autoridad estatal y un privado, en donde este financiará el proyecto, operará el servicio y como retribución recibe pagos durante un período de tiempo estipulado. El principal componente de pagos se da por la disponibilidad de la infraestructura que compensa el cobro de la construcción y el mantenimiento de esta.
Dentro de esta lógica de provisión mixta es que el sistema penitenciario Chileno en mi opinión, no ha ido avanzando en cuanto a capacidad carcelaria se refiere y dentro de esta línea es que las cárceles constituyen un retroceso a gran escala debido a los estancamientos de inversiones en infraestructura. La infraestructura no ha crecido en concordancia con el crecimiento de la población penal. Se debe tener en cuenta que en Chile actualmente, de acuerdo a datos oficiales de Gendarmería, existen 44.656 personas que están recluidas. De estas 41.308 son hombres (92.5%), 3.348 son mujeres (7.5%) y 2.093 son extranjeros (40.4% son bolivianos, 23% peruanos y 22.1% colombianos).
De acuerdos estas cifras y en conjunto con el argumento de escaso crecimiento de la infraestructura carcelaria a nivel nacional, se puede plantear que las cárceles hoy en Chile son objeto de hacinamiento, situación que no abre el camino para generar una rehabilitación efectiva. El gasto público asignado a este sistema es enorme y al final de cuentas, no genera un impacto efectivo en los resultados, ya que los reclusos presentan un alto índice de reinserción y vuelven a las cárceles. El Ministerio de Justicia a través de la Ley de Transparencia, reveló que por cada reo se gastan alrededor de $550.000 mensuales, equivalentes a casi tres sueldos mínimos.
Dentro de estos estos gastos que significan mantener a un reo, es necesario preguntarse porque estos dineros aun así no generan una mejor calidad de vida dentro de la cárcel, entendiendo que hay familias afuera que viven con mucho menos. ¿Qué pasa con los dineros?; ¿De qué forma son empleados? Desde una mirada personal considero que las cárceles deberían ser absolutamente estatales y dentro de ella que se realicen trabajos con horarios y rutinas, en donde todos sean partícipes. Posteriormente que los objetos producidos por el trabajador sean comercializados y des esta forma generar recursos para el Estado, que signifiquen a la vez ingresos para el propio mantenimiento penitenciario. Mi sensación es que esto les daría más responsabilidad a los reclusos y serviría como una terapia para florecer en ellos la reinserción social y la vida en cooperación y comunidad.
Es necesario y urgente que el Estado se haga cargo del problema de reinserción social, pero a la vez también la ciudadanía en general debe dejar de lado los prejuicios hacia las personas que han cometido algún delito y darle las oportunidades para que abran su horizontes y dejen de lado la oscuridad de la delincuencia. Dentro de un análisis psicosocial, gran parte de aquellos que caen por delitos tienen una vulnerabilidad generada por la misma sociedad y dentro de este contexto es que se dejan llevar por lo que ellos creen está más a su alcance, pues son parte del grupo más estigmatizado y postergado.
Mariela Delgado Silva
Columnista de www.paisproactivo.cl
La autora de esta columna de opinión se encuentra estudiando la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Silva Henríquez. Posee estudios de Ciencia Política en la Universidad de Artes y Ciencias.
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