Chile y la urgencia de un acuerdo fiscal de largo plazo
La situación fiscal de Chile se ha transformado en una de las principales preocupaciones económicas y políticas del país. Durante los últimos años, el aumento sostenido del gasto público, sumado a menores niveles de crecimiento económico y una recaudación insuficiente, ha generado un escenario de creciente tensión para las finanzas públicas. El déficit fiscal, lejos de ser un fenómeno transitorio, comienza a instalarse como un problema estructural que limita la capacidad del Estado para responder de manera sostenible a las demandas sociales. El año 2025 cerró de acuerdo a cifras oficiales entregadas por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda con un déficit fiscal total de 12 mil millones de dólares y se proyecta que el año 2026 también cerrará con cifras rojas.
La deuda pública, que hace una década parecía controlada y relativamente baja en comparación con otros países de la región, ha mostrado un incremento constante (a diciembre de 2025 la deuda pública bruta asciende a 41,9% del PIB). Esto no solo encarece el financiamiento del Estado, sino que además reduce los márgenes de maniobra frente a futuras crisis económicas o emergencias sociales. En términos simples, el país gasta más de lo que ingresa y esa diferencia se financia recurriendo crecientemente al endeudamiento. Cabe señalar que el erario nacional cada año debe contemplar alrededor de 6.400 millones de dólares sólo en pago de intereses de la deuda del gobierno central.
En este contexto, los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno han despertado fuertes críticas desde diversos sectores políticos y sociales. Para algunos, estas medidas representan una señal de responsabilidad fiscal necesaria para evitar un deterioro mayor de la economía nacional. Para otros, significan ajustes que afectan áreas sensibles tales como programas sociales, inversión pública o apoyo a sectores vulnerables. La discusión se vuelve aún más compleja frente a propuestas como el denominado “plan de reconstrucción nacional”, que busca reimpulsar el crecimiento y fortalecer áreas estratégicas del país, pero que inevitablemente requiere recursos fiscales significativos.
El verdadero desafío consiste en comprender que la estabilidad fiscal y el desarrollo social no deben entenderse como objetivos contrapuestos. Chile necesita responsabilidad financiera, pero también visión estratégica y sensibilidad social. Ningún proyecto de país será viable si se construye únicamente desde la lógica del ajuste o, por el contrario, desde el gasto sin sostenibilidad.
Hoy más que nunca resulta indispensable que los distintos sectores políticos, económicos y sociales abandonen la lógica de la confrontación permanente y se abran a un diálogo serio y responsable. Chile requiere acuerdos de largo plazo, capaces de trascender gobiernos y contingencias electorales. Colocar los intereses del país por sobre las diferencias ideológicas constituye una condición básica para recuperar la confianza, fortalecer las instituciones y proyectar un desarrollo sostenible para las próximas generaciones.
Germán Sanhueza Muñoz
Director Ejecutivo de www.paisproactivo.cl
El autor de esta columna de opinión es Sociólogo, Doctor © en Ciencias Sociales, Administrador Público y Magíster en Gerencia Pública. Actualmente cursa un Doctorado en Sociología y un Magíster en Filosofía, Economía y Política. Posee cursos de perfeccionamiento en Harvard University Campus y Saint Joseph University, ambos en los Estados Unidos; UNAM de México y UBA de Argentina. Autor de los libros Estado y Mercado en la Educación en Chile (2019); El Chile de Hoy y del Mañana (2020); Avenida Egaña 1330: El Chile de los 80 y 90 (2022) y El Panóptico en la Sociedad del siglo XXI (2024). |
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